Una oportunidad para acabar con la corrupción

Pedro Jota Ramírez ha relanzado ya abiertamente su clásica política de “dossieres” que tan buen resultado le supuso en el trienio 1993-1996 al PP, al colaborar poderosamente en el acceso de José Mª Aznar a la presidencia del Gobierno. Una inmensa crispación colectiva fue el precio a pagar por esa política de “tierra quemada” que el director de “El Mundo” y padrino político de Aznar implantó con mano firme. Esa política vuelve ahora, como bien delata, quien sabe si involuntariamente, “El Periodista Digital” al citar las revelaciones de “El Mundo” sobre un crédito de La Caixa al PSC. Dice el medio digital –nada sospechoso de izquierdista, añadamos- que la información que ocupa la portada de hoy del diario de Pedro Jota es “una información caducada y machacada” pues ya en junio de 2004 la revista “Época” publicó un amplio reportaje sobre las finanzas de los partidos políticos y ahí aparecía ese crédito de 14 millones de euros que el PSC mantiene vivo con La Caixa a un 3% sorprendente para el año 1994 en que se negoció. El reportaje de la desparecida “Época” de Jaime Campany se tituló así: “PP y PSOE, sin blanca”. De ese informe ha extraído y refrito ahora Pedro Jota la parte que le interesa sobre las relaciones entre La Caixa y el PSC, automáticamente relacionadas “por casualidad” según “El Periodista Digital” con el pronunciamiento favorable ayer de la Comisión Nacional de Energía que preside la ex-diputada del PSC Maite Costa a la OPA de Gas Natural sobre Endesa.

Citemos todo lo anterior sólo a efectos de constancia pública del pistoletazo de salida a otra campaña de “dossieres” por parte de Pedro Jota y vayamos al meollo del asunto: la financiación irregular de los partidos políticos. Voy a creer a pies juntillas la información publicada, cuya tesis viene a ser la siguiente: La Caixa financia al PSC y le permite no pagar durante 11 años intereses ni principal de un crédito aprobado a un interés muy inferior al habitual, pero al cabo de un tiempo quiere cobrarse el favor en forma de gran negocio, por lo que utiliza ese crédito como palanca para que el Gobierno en el que José Montilla (secretario general del PSC) es ministro de Industria apoye ciegamente una gigantesca OPA de La Caixa (Gas Natural mediante) frente a Endesa. Como digo, voy a creer por completo dicha información y que todo ha sucedido así. Por tanto, el ministro Montilla, acuciado por un crédito de 14 millones de euros, ha convencido al Gobierno en pleno de las bondades de una operación empresarial valorada inicialmente en 22.500 millones de euros. El poder político acepta que La Caixa invierta (y algún día quizás gane) miles de millones de euros a cambio de que le perdonen, condonen o retrasen los pagos mensuales de 14 millones de euros.

Con la misma credulidad pienso que todos los casos de financiación irregular habidos hasta ahora en España arrojan balances parecidos. Filesa y las comiciones del AVE con Felipe González; Pallerols con Unió Democrática; Naseiro, el Túnel de Sóller, Gescartera y Fabra con Aznar en la Moncloa; Terra Mítica con Camps y la Caja de Ahorros del Mediterráneo; Warner con Gallardón, Esperanza Aguirre y Cajamadrid; Casinos más el 3% con CiU; las máquinas tragaperras con el PNV; las compañías mineras y de la construcción en Castilla y León bajo gobierno autonómico de Aznar; y así a lo largo de 28 años de democracia parlamentaria. Es decir, ha habido escándalos y financiación irregular a diestro y siniestro del arco parlamentario, autonómico y municipal y, en todos ellos, poderes empresariales y financieros han conquistado voluntades políticas. Si todo esto es cierto –y yo sigo sin ponerlo en duda- significa una importante quiebra de la confianza democrática en los gobernantes. El poder financiero lleva años poniendo de rodillas al Estado.

¿Cómo acabar con ello? Resulta bastante sencillo. Basta con reformar la Ley orgánica 3/1987 sobre Financiación de los Partidos Políticos. Pero hacerlo firmemente. El PSOE tiene ya redactada una proposición de ley de reforma que pretende acabar con toda sombra de duda y con cualquier resquicio legal que permita seguir con la financiación irregular. La proposición crea un registro público, fiscalizado y transparente de aportaciones individuales, lo que cierra el camino a las actuales donaciones anónimas; incluye financiación pública, tanto estatal como autonómica y local; plantea que las aportaciones privadas deben limitarse a militantes y simpatizantes de los partidos y a las donaciones privadas de personas físicas con una cuantía máxima; impide las donaciones de empresas privadas; y propone que todas las formaciones políticas se sometan a una auditoria anual por parte del Tribunal de Cuentas, con obligación para terceros (bancos) de remitir la información que soliciten los órganos fiscalizadores. La proposición de ley cierra todos los ‘agujeros negros’ de la actual ley y se basa en las recomendaciones realizadas por el citado Tribunal de Cuentas en 2001, en pleno segundo mandato gubernamental de José Mª Aznar. Sin embargo, el PP (y CiU) ha mostrado hasta ahora su disconformidad con la proposición, en esencia porque acabará con las donaciones anónimas. Pero las donaciones anónimas y de empresas son, precisamente, la fuente que origina todas las corrupciones. De ahí que más que ‘dossieres’ y denuncias casuales lo que conviene hoy es un ejercicio de responsabilidad constitucional para cerrar esta quiebra de la confianza democrática. El PP tiene en esta proposición de ley de reforma que planteará el PSOE en breve la "prueba del nueve" de su apasionado apoyo al consenso constitucional, a la democracia parlamentaria y a la transparencia de los partidos políticos. Veremos.